El Comité intergremial del Atlántico- a través de un comunicado firmado por  su Presidente ejecutivo Ricardo Plata Cepeda- "se une a las voces que cuestionan la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el funcionario dentro de una investigación por un contrato que fue ejecutado y liquidado hace más de 13 años".

En un comunicado de tres puntos, sostienen que lo anterior en razón a las siguientes consideraciones: 

1. La medida ordenada contra el gobernador de Antioquia aplica sólo si el procesado es considerado un peligro para la sociedad o si existen riesgos de que se fugue, interfiera en la investigación o destruya pruebas, situaciones que no se configuran en este caso.

2. Resulta inconsistente que la decisión de la Fiscalía General de la Nación haya sido precedida por la directriz emanada poco antes por ese mismo organismo en el sentido de que “solo en casos excepcionales pueden aplicarse medidas de aseguramiento privativas de la libertad”.

3. Este comunicado no está inspirado en afinidades partidistas, ni regionalistas, sino únicamente en consideración de que el respeto a la justicia es una condición básica para el ejercicio de la democracia, pero su principal fundamento es el respeto que las instituciones de justicia deben tener por el debido proceso en todos los casos en que un ciudadano sea requerido dentro de una investigación judicial, lo cual no parece haberse dado en la situación que involucra al gobernador de Antioquia.